19.11.2012 | Tiempo Argentino accedió a la causa que investiga la metodología de la dictadura para enterrar allí cientos de cadáveres de desaparecidos
Es un predio de diez hectáreas, en Maquinista Savio. Los testimonios de los testigos coinciden en señalar que durante la noche se descargaban cuerpos desde camiones militares y que a la mañana siguiente se emparejaba el terreno.
La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, encabezó una delegación que realizó una "inspección ocular" en terrenos de la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar, donde podría encontrarse el mayor cementerio clandestino del país. Además de la magistrada, en el recorrido participaron secretarios y asistentes del Juzgado Nº 2 a su cargo; efectivos de Policía Federal; funcionarios municipales; tres profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense; testigos que manifestaron en sede judicial haber visto cómo la dictadura militar habría enterrado allí cientos de cuerpos de personas desaparecidas entre 1976 y 1977; y el doctor Eduardo Ramallo, delegado en la zona norte del Conurbano Bonaerense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y motor incansable de la investigación desde hace varios años. Ahora, la APDH se sumará a la causa como querellante, según adelantó a Tiempo Argentino.
La acción de Vence recién trasciende en medios periodísticos con la publicación de esta nota, acompañada con imágenes del recorrido que ella y sus colaboradores hicieron por el lugar. Y podría determinar un nuevo y último impulso para el seguimiento que Ramallo inició a fines de 2005, cuando, basándose en el testimonio de un ex trabajador de la zona ya fallecido, presentó la primera denuncia con detalles tan certeros como tenebrosos de la manera en que los militares, ayudados por civiles, habrían arrojado cientos de cadáveres en fosas de varios metros de profundidad.
En las últimas semanas, a aquella declaración inicial de Guillermo Catalino Romero, un ex trabajador municipal de Escobar que presenció las inhumaciones ilegales, se sumaron otras, como la de Alberto Octavio Vicenti, detallada ahora por este diario. Pero a pesar de los datos también aportados por otros familiares de militantes y vecinos secuestrados en aquella época, el expediente se estancó. Quedó diluido, incluso, dentro de la megacausa "Riveros, Santiago Omar y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad y Tormentos", donde el caso fue mencionado, pero pasado por alto por la justicia.
Desde la advertencia de Romero en diciembre de 2005, Alberto Suárez Araujo y Juan Manuel Yalj, antecesores de Vence en el fuero de San Martín, no avanzaron mucho en el tema. Y tampoco los fiscales, que ni siquiera amagaron con intervenir de oficio. Pero la visita de la magistrada al lugar, realizada el pasado 4 de octubre a las 11 de la mañana, determinó varias medidas importantes. Entre ellas la preservación del predio (delegada en agentes comunales de Escobar, contra lo solicitado por la querella, que prefiere a fuerzas federales como la Gendarmería para esa tarea), y un cronograma de acciones que intentarán probar lo que muchos sospechan.
Sin embargo, el mayor aporte de ese día surgió por casualidad, cuando Horacio Jeréz, que integraba la delegación como asesor legislativo en Derechos Humanos y Garantías del diputado nacional Jorge Rivas, caminaba por la zona. Uno de los habitantes de casas precarias que ocupan parte del predio, alertado por el movimiento de autos particulares y camionetas policiales, se acercó al grupo, temeroso: "¿Vienen a desalojarnos?", le preguntó a Jeréz. "No se preocupe –fue la respuesta–, estamos por un tema referido a personas que estarían enterradas en este lugar." Tras lo cual, el hombre recordó: "Sí, es verdad, acá existen un montón de huesos de seres humanos. Porque yo, cuando estaba haciendo el pozo ciego, me encontré a unos seis metros de profundidad con un montón de huesos de personas."
Ese dato clave, según confirmó a Tiempo Argentino el doctor Ramallo, fue incorporado a la causa ahí mismo por Vence que, debido a la importancia de la declaración, prefirió no esperar a que ese vecino se presentara en los tribunales de San Martín.
"A LA NOCHE TRAÍAN CUERPOS DE PERSONAS". Eduardo Guillermo Ramallo es abogado laboralista, y actualmente representa a Celia Josefina Buciga, madre de un desaparecido y querellante actual en la causa. Siempre vivió y trabajó en Escobar, y su interés en vincularse a casos de lesa humanidad lo llevaron a convertirse en delegado de la APDH en la zona norte del Conurbano Bonaerense. Desde el retorno de la democracia había escuchado rumores sobre la existencia de fosas clandestinas en Maquinista Savio (ver entrevista aparte), pero recién en 2005 pudo formalizar la denuncia, cuando representó a alguien que se animó a testimoniar ante la justicia.
El que habló fue Romero, ex empleado municipal de Escobar en la delegación Savio durante los años '70, encargado de recolectar basura y limpiar calles. Como parte de sus tareas, era normal que conociera "La Quema", según la llamaban en aquel momento. El terreno, ubicado en un triángulo de diez hectáreas conocido como "Campo Pestarino", en alusión a José Pestarino, su dueño original, funcionaba como enorme depósito de residuos de los partidos de Escobar y Pilar.
La declaración de 2005 del entonces recolector, incluida en el expediente judicial, es reveladora: "Señala que existe un predio donde se tiraba la basura, que en la época de la dictadura militar argentina estaba dividido en dos. Por un lado, donde se tiraba la basura que era recolectada por los empleados de la Municipalidad, y por el otro lado donde arrojaba los residuos el personal militar." Y aclara que "en un primer momento el campo tenía un solo ingreso, pero una vez que los militares asumieron el gobierno en 1976 se construyó un camino paralelo a las vías del tren (ramal que sale de Victoria del ferrocarril Mitre) y por donde sólo transitaba el personal del Ejército."
Romero, fallecido en 2009, afirmó en la causa que "los militares trabajaban durante el día con las excavaciones en ese sector, y luego por la noche hacían la descarga de basura y otros traían cuerpos de personas"; que "siempre había personal del Ejército uniformado y fuertemente armado que custodiaba el lugar"; y que esa custodia prohibía que los empleados se acercaran a menos de 100 metros después de las ocho de la noche.
"Refiere que como le llamaba la atención la actividad militar en el lugar –se agrega en autos– , y además le había llegado el rumor de que en los camiones había personas muertas y a su vez los camiones tenían un olor particular, es que el dicente, junto con un compañero de nombre Juan Fernández, decidieron ver qué era lo que ocurría", y escondido vio "los cuerpos de las personas que eran arrojados de los camiones hacia los pozos. Agrega que esa imagen no pudo borrarla nunca de su cabeza".
DONDE LUIS PATTI PISABA FUERTE. Cuando en los años '90 el torturador y diputado frustrado Luis Patti asumió su primera intendencia en Escobar, los cuerpos de militantes desaparecidos que él y sus camaradas habían escondido en el distrito durante la dictadura también empezaron a hablar.
Claudia Achu, auxiliar de enfermería y encargada del Cementerio Municipal, buscaba habilitar nuevas parcelas para trabajos de inhumación, cuando sorpresivamente, detrás de un mueble, encontró un cuaderno que contenía nombres y sepulturas no coincidentes con los datos volcados en los libros oficiales.
Achu no sólo no se calló, sino que además enfrentó al intendente secuestrador, y le pidió que hiciera público el tema, en una mezcla de inocencia y profundo sentido ético de justicia.
La denuncia que el 21 de septiembre de 2006 presentó Omar Abosaleh –entonces marido de Achu–, caratulada "Abosaleh Omar s/Denuncia Inhumaciones Clandestinas Escobar", explica que el hallazgo "se comprobó accidentalmente al excavar para hacer un nuevo enterramiento", porque "debajo existían inhumaciones clandestinas". La investigación ayudó a encontrar un centenar de cuerpos NN, uno de ellos correspondiente a Gastón Gonçalves, militante montonero secuestrado el 24 de marzo de 1976 y detenido ilegalmente en la comisaría de Escobar, donde Patti reportaba. Y determinó que el ex comisario fuera condenado a cadena perpetua el año pasado.
La trascendencia del caso motivó que varios vecinos de la zona norte del Conurbano Bonaerense le contaran a Achu y a su esposo la existencia de otros cementerios clandestinos en el lugar. "Uno ubicado en la calle Víctor Casterán de la localidad Maquinista Francisco Savio –continúa diciendo la causa Abosaleh–, entre 500 y 1000 metros de la Ruta Nro. 26, y el otro sobre un basural ubicado en las vías de Maquinista Savio y el Arroyo Escobar –Ruiseñor y Arroyo Escobar–, al que llegaban innumerable cantidad de cadáveres en camiones militares."
"Este basural –describe el texto– pertenecía al Municipio y luego se particionó, y una cuotaparte del terreno pasó a ser manejada por autoridades militares, gozando de custodia policial." El escrito afirma que este agrupamiento de fosas, el mismo que ahora está siendo investigado por la Dra. Vence, "se vincula a los traslados efectuados desde el centro clandestino cito en Campo de mayo".
LA DECLARACIÓN DE VICENTI. A pesar de que el anterior juez de San Martín, Suárez Araujo, había elevado en 2008 un oficio a Gendarmería Nacional donde se expresaba que en el "predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de Seguridad producidas durante la última dictadura militar", la causa se congeló con la muerte de Romero un año después. Pero en las últimas semanas, dio un vuelco.
Alberto Octavio Vicenti siempre fue trabajador gastronómico. Después del golpe de Estado había conseguido un puesto de lavacopas en un restaurante de San Isidro, y de lunes a sábado, pasada la medianoche, tomaba en Victoria el tren del ramal Mitre para volver a su casa, cerca de la estación Matheu. Durante por lo menos dos años, entre 1976 y comienzos de 1978, a razón de tres veces por semana, vio la misma escena: su tren saliendo de Savio en dirección a Matheu, que aminoraba la marcha seguramente por la curiosidad que tenía el maquinista en esa luminosidad en medio de la noche, provocada por los focos de camiones militares y autos sin chapa. Los faros alumbraban canales gigantescos excavados en medio del campo, y en las fosas, los genocidas tiraban bultos. A Octavio nunca se le fue esa imagen de la cabeza. La del "camino de luces" que acaba de describir ante la justicia 36 años después. Cuando por fin se animó.
La declaración testimonial de Vicenti a la que Tiempo Argentino accedió es del pasado 7 de septiembre. Y al igual que aquella de Romero, es tan contundente como tenebrosa. "Quiere manifestar que cuando pasaba el tren entre las estaciones de Matheu y Savio, más cerca de la última estación mencionada, para ser más exacto aproximadamente a 14 cuadras de la estación de Savio en dirección a Matheu… le fue dable observar en el interior del predio un camino de tierra iluminado a la orilla de la vía, en el cual se observaban dos o tres camiones del Ejército 'de los chicos' con lona verde en su parte posterior, y además acompañado de otros tantos automóviles que debido a la oscuridad no podía observar de qué color eran, pero 'eran coches grandes', posiblemente Ford Falcon. Que era público y notorio que se observaba que de los camiones se descargaban bultos de tamaños grandes..., que ello era lo que el declarante y sus compañeros podían observar…, siendo que ello se producía aproximadamente a diez metros de las vías del tren."
El escrito detalla que "como el personal del Ejército hacía un 'camino de luces' debido a que el predio era todo campo, careciendo totalmente de iluminación artificial, porque era un basural en el campo, es que, si bien era de noche, se podía observar lo que el declarante manifiesta que 'eran colimbas' (sic), y que por ese motivo también podía observar que los camiones eran verdes, color típico del Ejército."
Vicenti explicó que "la gente del Ejército estaba en constante movimiento descargando bultos y moviéndose de un lugar para otro", y que al día siguiente, al regresar al trabajo en el tren con sentido contrario, "se podía observar en forma más nítida que en la misma zona donde la noche anterior se descargaban los bultos" había "una pala mecánica aparentemente municipal, bastante deteriorada, que estaba en pleno trabajo de emparejamiento del terreno" en donde la noche anterior "había descargado los bultos el Ejército".
En sede judicial quedó asentado, según la palabra de este testigo, que eso ocurría “dos o tres oportunidades por semana”. Y la causa agrega: "Estas escenas que antes describió las observó desde el año 1976, en forma consecutiva y por el término de 'dos años y pico' (sic)." «
Estudiantes con memoria
Gabriela Carballo Díaz
y Guillermo Winkhaus (*)
En 2010 trabajamos en el programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, con la Escuela Secundaria Nº 9, de la localidad de Maquinista Savio, Escobar. El proyecto impulsa la investigación de historias locales referidas a los Derechos Humanos pasados y presentes de las localidades bonaerenses, a través del trabajo de los alumnos.
Es así que junto a ellos fuimos "abriendo el juego" en la difícil comunidad de Savio. Entre muchos silencios y algunos testimonios, conseguimos establecer el objeto de la investigación: el predio donde había funcionado una quema de basura, fuente de supervivencia de muchas familias que, con el cirujeo, procuraban su medio de vida.
Luego se fueron agregando dos importantes líneas de investigación relacionadas con La Quema. Por un lado, la tragedia de las familias Boca-Arévalo, muchos de cuyos integrantes fueron asesinados o secuestrados-desaparecidos antes y después del golpe de Estado de 1976. La tarea nos permitió registrar el testimonio de María Boca, hija, hermana y esposa de desaparecidos.
La otra línea importante relacionada con el lugar y su historia empezó a partir de recibir testimonios de en qué se había convertido La Quema después del golpe: tal vez la fosa de enterramientos clandestinos más grande del país.
Desde entonces, nos manejamos en contacto con el abogado patrocinante de esta denuncia, el doctor Eduardo Ramallo, quien había trabajado incansablemente desde el año 2005 cuando elevó la denuncia de Guillermo Romero, testigo ocular del accionar de camiones del Ejército que "descargaban" cadáveres en fosas previamente excavadas en el lugar.
Nuestra investigación fue tomada en cuenta por algunos medios periodísticos locales, pero la judicial no avanzaba pese a los esfuerzos de Ramallo. En 2009, muere Romero y el doctor consigue en el 2011 una nueva querellante.
En 2012, con el cambio de juez, esta causa parece haber tomado un nuevo impulso. A las convocatorias a dar testimonios se agregó la inspección ocular del lugar por parte de la jueza y el Equipo de Antropología Forense.
En esa instancia estamos.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
(*) Docentes de la Escuela de
Educación Secundaria Nº 9
de Maquinista Savio, Escobar.
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