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martes, 11 de diciembre de 2012

Escobar un nuevo juicio para Luis Abelardo Patti- Elevaron a juicio oral una causa contra Luis Patti por delitos de lesa humanidad


Lo dispuso el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana. Se investiga el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Giménez, cometido en enero de 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2008 en el cementerio de Moreno


El juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, decretó la elevación a juicio oral de la causa en la que se acusa al excomisario Luis Abelardo Patti por el secuestro y asesinato del periodista Ricardo Gabriel Giménez.
Según lo informado desde el juzgado, la víctima era periodista del diario “El Actual” y compañero de militancia de Gastón Goncalves, por cuya desaparición y muerte Patti fue condenado a prisión perpetua en abril de 2011.
Patti  había sido procesado con prisión preventiva por los delitos de amenazas reiteradas; allanamiento ilegal reiterado –dos hechos-; privación ilegítima de la libertad reiterada –tres hechos- cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas; robo agravado por el empleo de armas y en banda; imposición de tormentos agravado por ser la víctima un perseguido político y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, indica la resolución.
Asimsimo, agregaron desde el tribunal, la investigación judicial estableció que ya a fines de 1975 comenzó la persecución y hostigamiento de integrantes de la Juventud Peronista de Escobar y del staff de un periódico local que denunciaba abiertamente los atropellos y represión policial en los conflictos sociales.
Según se indicó, un grupo integrado por Patti intentó secuestrar a Giménez en un allanamiento ilegal a la casa de sus tíos en diciembre de 1975, pero no lo encontraron. Días después, a principios de enero, lo secuestraron en la casa de sus abuelos en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar.
Desde entonces, añadieron, estuvo desaparecido durante 32 años. Recién el 21 de febrero de 2008 la Justicia estableció que un cuerpo encontrado en un basural del partido de Moreno el 30 de enero de 1976 correspondía a Giménez. El cuerpo, aún identificado dactilarmente, había sido enterrado como “NN masculino” en el cementerio municipal de Moreno.
Este ataque fue el primero de una serie de secuestros y desapariciones cometidos en la zona donde Patti operó a órdenes del Ejército, agregaron.
La investigación judicial dirigida por González Charvay estableció que los hechos atribuidos a Patti como integrante de la Comisaría de Escobar –a su vez subordinada al Comando de Institutos Militares–, se enmarcan en la actividad de “grupos operativos de represión clandestina e ilegal implementados por sectores de las fuerzas armadas y de seguridad que ya por entonces, de cara al asalto al orden constitucional que consumarían el 24 de marzo de 1976, iniciaban las acciones para implementar lo que luego se conocería como ‘el plan sistemático de represión ilegal’ contra los opositores al proyecto político y económico que implementaran al desplazar a las autoridades constitucionales”, concluyeron.
El debate oral y público será celebrado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín.
http://www.cij.gov.ar/nota-10455-Elevaron-a-juicio-oral-una-causa-contra-Luis-Patti-por-delitos-de-lesa-humanidad.html

lunes, 10 de diciembre de 2012

Confirman las condenas a prisión perpetua para Patti y Bignone La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas para el ex intendente y el ex dictador Bignone, por el secuestro y asesinato del ex diputado justicialista Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Goncalvez.


Confirman las condenas a prisión perpetua para Patti y Bignone

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua para el ex intendente y el ex dictador Bignone, por el secuestro y asesinato del ex diputado justicialista Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Goncalvez.


    La sala II del máximo tribunal penal del país confirmó las condenas dictadas el 14 de abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que dio perpetua a Patti y Bignone y al ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, y seis años al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini, informaron fuentes judiciales.


    Con la decisión del máximo tribunal penal del país quedó firme la primera condena recibida en su vida por Patti, dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense.
    Patti fue encontrado culpable como "partícipe primario" de la privación ilegal de la libertad y asesinato del militante de la JP Gastón Goncalvez, y del secuestro ilegal del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, quien murió en un simulacro de accidente en Entre Rios tras haber estado en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.
    Patti fue condenado por el secuestro de militantes de la juventud peronista en Escobar, entre ellos de Gastón Goncalvez, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; por la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández,  y también por el secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
    Gastón Goncalvez fue secuestrado en marzo de 1976 por el entonces subcomisario de la seccional de Escobar Patti, quien lo trasladó de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría, donde se lo torturó.
    Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados n un paraje conocido como "el Cazador", a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.

    Los restos de Goncalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

    En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.

    Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

    "Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos", se recordó en los alegatos del juicio.
    Patti fue condenado además por la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.
    El luego dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE, actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y condenado.

      UN DOCUMENTO DE LA POLICIA RIOJANA DEMUESTRA EL ESPIONAJE A LOS SACERDOTES DE LA PROVINCIA DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO



      La Diócesis perseguida

      El informe de Inteligencia sirvió como prueba en el juicio que terminó el viernes en La Rioja sobre el asesinato de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville. El plan de “persecución sistemática” a los integrantes de la pastoral de Enrique Angelelli, asesinado poco tiempo después de los curas.
       Por Alejandra Dandan
      A la luz de este mapa, la provincia de La Rioja parece otra. Los treinta nombres de sacerdotes localizados con flechas y señales en cada una de sus comunidades son producto de las actividades del espionaje ilegal del departamento de Inteligencia de la policía de La Rioja durante la dictadura. Entre los nombres no están ni el obispo Enrique Angelelli ni los dos sacerdotes asesinados en Chamical, Carlos Murias y el francés Gabriel Longueville, sobre cuyos crímenes se hizo justicia el viernes. El mapa y las referencias se hicieron después de sus asesinatos, el 1º noviembre de 1977. Los espías llamaron al informe “Sacerdotes Tercermundistas existentes en La Rioja” y en el juicio oral que acaba de concluir se tomó como una de las pruebas que puso en evidencia que los crímenes de los dos mártires de Chamical deben leerse en el contexto de lo que singularizó a la represión en la provincia de La Rioja y que este mapa revela como una poderosa fotografía: que existió un plan de “persecución sistemática” a los integrantes de la pastoral del obispo Enrique Angelelli, asesinado poco después de los curas.
      “Nos interesa analizar las particularidades que ese plan represivo tuvo en esta provincia, que fue un objetivo bien claro y preciso”, dijo el fiscal Carlos Gonella en su alegato. “Eliminar la pastoral social de Enrique Angelelli bajo el pretexto de que la Iglesia riojana estaba infiltrada por el comunismo.” En estos términos se pronunciaron los testigos. Teresita Luna recordó, por ejemplo, que tomó distancia de la hija del ahora condenado a perpetua jefe de la base aérea de Chamical, Luis Fernando Estrella, cuando empezó a decirle que la Iglesia riojana estaba infiltrada por el comunismo. “A monseñor Angelelli y a casi todos los curas de su diócesis, incluidos por supuesto Murias y Longueville, se les reprochaban vínculos con la subversión por haber hecho de su profesión de fe una praxis a favor de los pobres”, dijo el fiscal.
      Los documentos
      El mapa y sus referencias tienen un código de lectura propio. Muestran como un negativo lo que urdían desde algún sótano aquellos que luego actuaban en la superficie. Los papeles estuvieron en manos de la policía provincial hasta 2004, luego pasaron al Ministerio Público Fiscal de La Rioja, supuestamente para las investigaciones que estaban en trámite.
      El primer dato que se desprende de los documentos es que el interés por los curas cercanos a Angelelli continuó después del asesinato del obispo. Es interesante observar, en ese contexto, el tipo de caracterización que hicieron del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM): aparece retratado como un “enemigo” político en un escenario en el que la Iglesia riojana y lo que sucedía allí aparece construido como “cuestión de Estado”: el Movimiento de los curas “rojos” es retratado como una herramienta más del comunismo y de la irradiación del marxismo que asolaba en todas partes, con agentes “infiltrados” en “el catolicismo riojano”.
      En esa línea, donde se mezclan los intereses del Estado y del “catolicismo riojano”, pueden leerse algunos fragmentos:
      - (25) Arturo Pinto, “párroco” en San Blas: “Hombre de confianza del ex obispo Angelelli, a quien acompañaba cuando el accidente mortal de éste y el principal autor de las versiones solapadas que quieren presentar el hecho como un atentado. Jugó un papel importante en la infiltración del clero riojano y la concientización de la juventud...”.
      - (08) Martín Horacio Gómez, de Matadero: “Concientizado en Europa (...) Tercermundista convencido, fue uno de los tres primeros afiliados riojanos al MSTM. Bajo Angelelli tuvo inicialmente activa participación en el proceso de infiltración del catolicismo riojano...”
      Los documentos rastrean con la lógica de los espías, vida privada y pública de los curas, moral y buenas costumbres. Pero sobre todo hablan de ellos como “infiltrados”: “infiltrados” en “colegios” o en el “movimiento obrero”.
      Esta línea puede hacer pensar otro eje de los documentos, sobre el “problema” más importante que tenía la represión en esa zona: una vez asesinado el obispo, el “problema” continuaba porque no se trataba sólo del obispo, sino del compromiso de la diócesis. Así, se afirma en el papel:
      - (01) Julio Guzmán, vicario general: “Catequizado por Arturo Paoli y luego de que se le efectuó un verdadero ‘lavado de cerebro’ en Córdoba, con el pretexto de un tratamiento psiquiátrico adhirió al M.S.T.M. en tiempos del obispo Angelelli”.
      - (02) Fabriciano Sigampa, secretario canciller: “Fue activista en Aimogasta, donde estaba vinculado al Movimiento Severo Chumbita, primero peronista luego peronista ‘auténtico’ y finalmente montonero”.
      - (28) Juan Aurelio Ortiz, Aimogasta: “(Es) de los tres primeros adherentes riojanos al MSTM. Elocuente, activo e inescrupuloso, especialista en trabajar con la juventud y más tarde asesor del Movimiento Laico de Apoyo a la Iglesia riojana y el Movimiento de Apoyo a Codetral. Fue el encargado de seleccionar las obras que integran el cancionero ‘Vida y Canción’, que incluye muchas canciones subversivas (...) Es uno de los elementos más peligrosos del clero secular y uno de los mejores conocedores de la acción subversiva del ex obispo Angelelli”.
      - (15) Antonio Puigjané, de Chepes: “Otro de los agitadores tercermundistas (...) casettes con música de protesta grabada (‘A desalambrar’, ‘Seta bala’, ‘Camilo Torres’, etc.)”.
      - (2/) Hilario Correas, de Guandacol. “Promotor de cooperativas de fachada que encubrían ... subversivos. Hizo pública mofa de María Santísima prestando las sagradas vestiduras para la confección de disfraces en un carnaval”.
      Otro de los datos que figura con insistencia en los informes es el enfrentamiento (real) entre los curas de la pastoral del obispo Angelelli y los movimientos de la derecha católica en donde se articulaban a la vez sectores del poder económico y medios gráficos, como el diario El Sol de esa época.
      Lo que ocurrió con los documentos muestra por qué costó tantos años llegar al primer juicio real de lesa humanidad en la provincia, el que terminó el viernes: el mapa y las referencias llegaron a manos de fiscales del juicio y las querellas unos pocos días antes del comienzo del juicio. Hasta ese momento, ni ellos ni el juez de instrucción que tenía la causa sabían que los papeles existían. Según una fuente de la investigación, estaban guardados en el despacho del fiscal general Horacio Salman, quien debió ser reemplazado en este juicio por Gonella porque él se excusó por su relación con el abogado defensor de Domingo Benito Vera, uno de los acusados.

      sábado, 1 de diciembre de 2012

      Un cementerio de la Dictadura- Dia32-Escobar-




      Fotos del predio de la Quema de Savio, Inspección ocular

       Jueza

       
      Vista del Predio de la Quema de Savio

      Link

      La justicia busca en Escobar 

      el mayor cementerio clandestino del país



      Agradecemos las fotos a la Sra Gabriela

      Reportaje a Horacio Gerez, CMDH Escobar, Inspeccion terrenos de la Quema. Maquinista Savio

      La justicia busca en Escobar el mayor cementerio clandestino del país

      19.11.2012 | Tiempo Argentino accedió a la causa que investiga la metodología de la dictadura para enterrar allí cientos de cadáveres de desaparecidos

       Es un predio de diez hectáreas, en Maquinista Savio. Los testimonios de los testigos coinciden en señalar que durante la noche se descargaban cuerpos desde camiones militares y que a la mañana siguiente se emparejaba el terreno. 

       
       La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, encabezó una delegación que realizó una "inspección ocular" en terrenos de la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar, donde podría encontrarse el mayor cementerio clandestino del país. Además de la magistrada, en el recorrido participaron secretarios y asistentes del Juzgado Nº 2 a su cargo; efectivos de Policía Federal; funcionarios municipales; tres profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense; testigos que manifestaron en sede judicial haber visto cómo la dictadura militar habría enterrado allí cientos de cuerpos de personas desaparecidas entre 1976 y 1977; y el doctor  Eduardo Ramallo, delegado en la zona norte del Conurbano Bonaerense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y motor incansable de la investigación desde hace varios años. Ahora, la APDH se sumará a la causa como querellante, según adelantó a Tiempo Argentino.
      La acción de Vence recién trasciende en medios periodísticos con la publicación de esta nota, acompañada con imágenes del recorrido que ella y sus colaboradores hicieron por el lugar. Y podría determinar un nuevo y último impulso para el seguimiento que Ramallo inició a fines de 2005, cuando, basándose en el testimonio de un ex trabajador de la zona ya fallecido, presentó la primera denuncia con detalles tan certeros como tenebrosos de la manera en que los militares, ayudados por civiles, habrían arrojado cientos de cadáveres en fosas de varios metros de profundidad.
      En las últimas semanas, a aquella declaración inicial de Guillermo Catalino Romero, un ex trabajador municipal de Escobar que presenció las inhumaciones ilegales, se sumaron otras, como la de Alberto Octavio Vicenti, detallada ahora por este diario. Pero a pesar de los datos también aportados por otros familiares de militantes y vecinos secuestrados en aquella época, el expediente se estancó. Quedó diluido, incluso, dentro de la megacausa "Riveros, Santiago Omar y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad y Tormentos", donde el caso fue mencionado, pero pasado por alto por la justicia. 
      Desde la advertencia de Romero en diciembre de 2005, Alberto Suárez Araujo y Juan Manuel Yalj, antecesores de Vence en el fuero de San Martín, no avanzaron mucho en el tema. Y tampoco los fiscales, que ni siquiera amagaron con intervenir de oficio. Pero la visita de la magistrada al lugar, realizada el pasado 4 de octubre a las 11 de la mañana, determinó varias medidas importantes. Entre ellas la preservación del predio (delegada en agentes comunales de Escobar, contra lo solicitado por la querella, que prefiere a fuerzas federales como la Gendarmería para esa tarea), y un cronograma de acciones que intentarán probar lo que muchos sospechan.
      Sin embargo, el mayor aporte de ese día surgió por casualidad, cuando Horacio Jeréz, que integraba la delegación como asesor legislativo en Derechos Humanos y Garantías del diputado nacional Jorge Rivas, caminaba por la zona. Uno de los habitantes de casas precarias que ocupan parte del predio, alertado por el movimiento de autos particulares y camionetas policiales, se acercó al grupo, temeroso: "¿Vienen a desalojarnos?", le preguntó a Jeréz. "No se preocupe –fue la respuesta–, estamos por un tema referido a personas que estarían enterradas en este lugar." Tras lo cual, el hombre recordó: "Sí, es verdad, acá existen un montón de huesos de seres humanos. Porque yo, cuando estaba haciendo el pozo ciego, me encontré a unos seis metros de profundidad con un montón de huesos de personas."
      Ese dato clave, según confirmó a Tiempo Argentino el doctor Ramallo, fue incorporado a la causa ahí mismo por Vence que, debido a la importancia de la declaración, prefirió no esperar a que ese vecino se presentara en los tribunales de San Martín.
       
      "A LA NOCHE TRAÍAN CUERPOS DE PERSONAS". Eduardo Guillermo Ramallo es abogado laboralista, y actualmente representa a Celia Josefina Buciga, madre de un desaparecido y querellante actual en la causa. Siempre vivió y trabajó en Escobar, y su interés en vincularse a casos de lesa humanidad lo llevaron a convertirse en delegado de la APDH en la zona norte del Conurbano Bonaerense. Desde el retorno de la democracia había escuchado rumores sobre la existencia de fosas clandestinas en Maquinista Savio (ver entrevista aparte), pero recién en 2005 pudo formalizar la denuncia, cuando representó a alguien que se animó a testimoniar ante la justicia. 
      El que habló fue Romero, ex empleado municipal de Escobar en la delegación Savio durante los años '70, encargado de recolectar basura y limpiar calles. Como parte de sus tareas, era normal que conociera "La Quema", según la llamaban en aquel momento. El terreno, ubicado en un triángulo de diez hectáreas conocido como "Campo Pestarino", en alusión a José Pestarino, su dueño original, funcionaba como enorme depósito de residuos de los partidos de Escobar y Pilar. 
      La declaración de 2005 del entonces recolector, incluida en el expediente judicial, es reveladora: "Señala que existe un predio donde se tiraba la basura, que en la época de la dictadura militar argentina estaba dividido en dos. Por un lado, donde se tiraba la basura que era recolectada por los empleados de la Municipalidad, y por el otro lado donde arrojaba los residuos el personal militar." Y aclara que "en un primer momento el campo tenía un solo ingreso, pero una vez que los militares asumieron el gobierno en 1976 se construyó un camino paralelo a las vías del tren (ramal que sale de Victoria del ferrocarril Mitre) y por donde sólo transitaba el personal del Ejército."
      Romero, fallecido en 2009, afirmó en la causa que "los militares trabajaban durante el día con las excavaciones en ese sector, y luego por la noche hacían la descarga de basura  y otros traían cuerpos de personas"; que "siempre había personal del Ejército uniformado y fuertemente armado que custodiaba el lugar"; y que esa custodia prohibía que los empleados se acercaran a menos de 100 metros después de las ocho de la noche.
      "Refiere que como le llamaba la atención la actividad militar en el lugar –se agrega en autos– , y además le había llegado el rumor de que en los camiones había personas muertas y a su vez los camiones tenían un olor particular, es que el dicente, junto con un compañero de nombre Juan Fernández, decidieron ver qué era lo que ocurría", y escondido vio "los cuerpos de las personas que eran arrojados de los camiones hacia los pozos. Agrega que esa imagen no pudo borrarla nunca de su cabeza".
       
      DONDE LUIS PATTI PISABA FUERTE. Cuando en los años '90 el torturador y diputado frustrado Luis Patti asumió su primera intendencia en Escobar, los cuerpos de militantes desaparecidos que él y sus camaradas habían escondido en el distrito durante la dictadura también empezaron a hablar. 
      Claudia Achu, auxiliar de enfermería y encargada del Cementerio Municipal, buscaba habilitar nuevas parcelas para trabajos de inhumación, cuando sorpresivamente, detrás de un mueble, encontró un cuaderno que contenía nombres y sepulturas no coincidentes con los datos volcados en los libros oficiales.
      Achu no sólo no se calló, sino que además enfrentó al intendente secuestrador, y le pidió que hiciera público el tema, en una mezcla de inocencia y profundo sentido ético de justicia. 
      La denuncia que el 21 de septiembre de 2006 presentó Omar Abosaleh –entonces marido de Achu–, caratulada "Abosaleh Omar s/Denuncia Inhumaciones Clandestinas Escobar", explica que el hallazgo "se comprobó accidentalmente al excavar para hacer un nuevo enterramiento", porque "debajo existían inhumaciones clandestinas". La investigación ayudó a encontrar un centenar de cuerpos NN, uno de ellos correspondiente a Gastón Gonçalves, militante montonero secuestrado el 24 de marzo de 1976 y detenido ilegalmente en la comisaría de Escobar, donde Patti reportaba. Y determinó que el ex comisario fuera condenado a cadena perpetua el año pasado.
      La trascendencia del caso motivó que varios vecinos de la zona norte del Conurbano Bonaerense le contaran a Achu y a su esposo la existencia de otros cementerios clandestinos en el lugar. "Uno ubicado en la calle Víctor Casterán de la localidad Maquinista Francisco Savio –continúa diciendo la causa Abosaleh–, entre 500 y 1000 metros de la Ruta Nro. 26, y el otro sobre un basural ubicado en las vías de Maquinista Savio y el Arroyo Escobar –Ruiseñor y Arroyo Escobar–, al que llegaban innumerable cantidad de cadáveres en camiones militares."
      "Este basural –describe el texto– pertenecía al Municipio y luego se particionó, y una cuotaparte del terreno pasó a ser manejada por autoridades militares, gozando de custodia policial." El escrito afirma que este agrupamiento de fosas, el mismo que ahora está siendo investigado por la Dra. Vence, "se vincula a los traslados efectuados desde el centro clandestino cito en Campo de mayo".
       
      LA DECLARACIÓN DE VICENTI. A pesar de que el anterior juez de San Martín, Suárez Araujo, había elevado en 2008 un oficio a Gendarmería Nacional donde se expresaba que en el "predio denunciado se encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o  de Seguridad producidas durante la última dictadura militar", la causa se congeló con la muerte de Romero un año después. Pero en las últimas semanas, dio un vuelco. 
      Alberto Octavio Vicenti siempre fue trabajador gastronómico. Después del golpe de Estado había conseguido un puesto de lavacopas en un restaurante de San Isidro, y de lunes a sábado, pasada la medianoche, tomaba en Victoria el tren del ramal Mitre para volver a su casa, cerca de la estación Matheu. Durante por lo menos dos años, entre 1976 y comienzos de 1978, a razón de tres veces por semana, vio la misma escena: su tren saliendo de Savio en dirección a Matheu, que aminoraba la marcha seguramente por la curiosidad que tenía el maquinista en esa luminosidad en medio de la noche, provocada por los focos de camiones militares y autos sin chapa. Los faros alumbraban canales gigantescos excavados en medio del campo, y en las fosas, los genocidas tiraban bultos. A Octavio nunca se le fue esa imagen de la cabeza. La del "camino de luces" que acaba de describir ante la justicia 36 años después. Cuando por fin se animó.
      La declaración testimonial de Vicenti a la que Tiempo Argentino accedió es del pasado 7 de septiembre. Y al igual que aquella de Romero, es tan contundente como tenebrosa. "Quiere manifestar que cuando pasaba el tren entre las estaciones de Matheu y Savio, más cerca de la última estación mencionada, para ser más exacto aproximadamente a 14 cuadras de la estación de Savio en dirección a Matheu… le fue dable observar en el interior del predio un camino de tierra iluminado a la orilla de la vía, en el cual se observaban dos o tres camiones del Ejército 'de los chicos' con lona verde en su parte posterior, y además acompañado de otros tantos automóviles que debido a la oscuridad no podía observar de qué color eran, pero 'eran coches grandes', posiblemente Ford Falcon. Que era público y notorio que se observaba que de los camiones se descargaban bultos de tamaños grandes..., que ello era lo que el declarante y sus compañeros podían observar…, siendo que ello se producía aproximadamente a diez metros de las vías del tren."
      El escrito detalla que "como el personal del Ejército hacía un 'camino de luces' debido a que el predio era todo campo, careciendo totalmente de iluminación artificial, porque era un basural en el campo, es que, si bien era de noche, se podía observar lo que el declarante manifiesta que 'eran colimbas' (sic), y que por ese motivo también podía observar que los camiones eran verdes, color típico del Ejército."
      Vicenti explicó que "la gente del Ejército estaba en constante movimiento descargando bultos y moviéndose de un lugar para otro", y que al día siguiente, al regresar al trabajo en el tren con sentido contrario, "se podía observar en forma más nítida que en la misma zona donde la noche anterior se descargaban los bultos" había "una pala mecánica aparentemente municipal, bastante deteriorada, que estaba en pleno trabajo de emparejamiento del terreno" en donde la noche anterior "había descargado los bultos el Ejército". 
      En sede judicial quedó asentado, según la palabra de este testigo, que eso ocurría “dos o tres oportunidades por semana”. Y la causa agrega: "Estas escenas que antes describió las observó desde el año 1976, en forma consecutiva y por el término de 'dos años y pico' (sic)."  «
       
      Estudiantes con memoria
       
      Gabriela Carballo Díaz  
      y Guillermo Winkhaus (*)
       
       
      En 2010 trabajamos en el programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, con la Escuela Secundaria Nº 9, de la localidad de Maquinista Savio, Escobar. El proyecto impulsa la investigación de historias locales referidas a los Derechos Humanos pasados y presentes de las localidades bonaerenses, a través del trabajo de los alumnos. 
      Es así que junto a ellos fuimos "abriendo el juego" en la difícil comunidad de Savio. Entre muchos silencios y algunos testimonios, conseguimos establecer el objeto de la investigación: el predio donde había funcionado una quema de basura, fuente de supervivencia de muchas familias que, con el cirujeo, procuraban su medio de vida.
      Luego se fueron agregando dos importantes líneas de investigación relacionadas con La Quema. Por un lado, la tragedia de las familias Boca-Arévalo, muchos de cuyos integrantes fueron asesinados o secuestrados-desaparecidos antes y después del golpe de Estado de 1976. La tarea nos permitió registrar el testimonio de María Boca, hija, hermana y esposa de desaparecidos.
      La otra línea importante relacionada con el lugar y su historia empezó a partir de recibir testimonios de en qué se había convertido La Quema después del golpe: tal vez la fosa de enterramientos clandestinos más grande del país.
      Desde entonces, nos manejamos en contacto con el abogado patrocinante de esta denuncia, el doctor Eduardo Ramallo, quien había trabajado incansablemente desde el año 2005 cuando elevó la denuncia de Guillermo Romero, testigo ocular del accionar de camiones del Ejército que "descargaban" cadáveres en fosas previamente excavadas en el lugar.
      Nuestra investigación fue tomada en cuenta por algunos medios periodísticos locales, pero la judicial no avanzaba pese a los esfuerzos de Ramallo. En 2009, muere Romero y el doctor consigue en el 2011 una nueva querellante. 
      En 2012, con el cambio de juez, esta causa parece haber tomado un nuevo impulso. A las convocatorias a dar testimonios se agregó la inspección ocular del lugar por parte de la jueza y el Equipo de Antropología Forense.
      En esa instancia estamos. 
      Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
       
       
      (*) Docentes de la Escuela de 
      Educación Secundaria Nº 9 
      de Maquinista Savio, Escobar.