La justicia busca en Escobar el mayor cementerio clandestino del país: "podría ser algo inédito en la historia de la represión", afirmó Eduardo Ramallo, especialista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Entrevista a Eduardo Ramallo

La justicia busca en Escobar el mayor cementerio clandestino del país: "podría ser algo inédito en la historia de la represión", afirmó Eduardo Ramallo, especialista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-

"Podría ser algo Inédito en la Historia de la Represión"

 Especialista de la APDH, ayudó a declarar a un testigo clave para la investigación. Representante de la APDH en el norte del Conurbano Bonaerense, Eduardo Ramallo vivió y trabajó en Escobar durante toda su vida como abogado laboralista. "Rumores sobre fosas clandestinas siempre había escuchado –explicó a Tiempo Argentino–, pero nunca pude hacer nada hasta cruzarme con testigos presenciales. 

Por:
Tiempo Argentino

Esa fue la puerta de entrada." Para Ramallo, el hallazgo "podría ser algo inédito en la historia de la represión".

–¿Fue el momento en que conoció a Guillermo Romero?

–En realidad, primero lo conocí al hermano, que vino a consultarme por el caso de un accidente laboral. Un día saltó el tema, y me dijo que Guillermo había visto la manera en que los militares llevaban los cuerpos. Romero no se animaba a declarar, hasta que lo convencí para presentar la denuncia en un juzgado federal. 

–¿Qué fue lo que le contó?

–Que siempre veía movimientos, camiones, muchos autos, máquinas que hacían pozos profundos, y que en esos pozos descargaban bultos. El tema le intrigaba, hasta que una vez se asomó al arroyo y presenció todo. Se trataba de un campo privado pero abandonado, que se ve desde las vías del tren. Era lo que llamaban "La Quema". En una parte, varios municipios de la región descargaban basura, y la otra estaba reservada para los militares. Nuestra denuncia contiene un mapa muy claro del predio. Está señalado como "Campo Pestarino". A Romero le intrigaba mucho por qué, en la época de la dictadura, el lugar era completamente cercado de noche, y a ningún recolector como él le permitían entrar.

–Su muerte pareció estancar la causa. Pero, sin embargo, en las últimas semanas la investigación parece haber dado un vuelco positivo. ¿Qué pasó?

–Varias cosas. Hace dos meses conocí a Octavio Vicente, un testigo que apareció ahora y también vio aquellas inhumaciones clandestinas. Me lo presentaron Gabriela Carballo Díaz y su esposo Guillermo. Gabriela es docente en la Escuela Secundaria Nº 9 de Maquinista Savio, que realizó una excelente investigación como parte del proyecto Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria que tiene sede en La Plata. Octavio vivía en Matheu, la estación vecina a Savio, y cada vez que el tren volvía a su casa, después de la medianoche, advertía los movimientos. Él habla de un "camino de luces", descripción que me parece extraordinaria. Se refiere a la iluminación que los camiones militares y los autos sin identificación hacían en el terreno, para descargar los bultos en las fosas. Cuenta que hasta el motorman, curioso, aminoraba la velocidad para asomarse por la ventanilla. Al otro día, bien temprano a la mañana y con plena claridad, desde el tren que se dirigía a la Capital notaban que las excavaciones ya habían sido cubiertas, y el terreno, emparejado.

–¿Qué características tenían los pozos, según esos testimonios? 

–Superaban los cinco metros en profundidad. Por supuesto, no eran fosas individuales sino colectivas. Un supermercado para el abastecimiento del horror, como yo lo llamo. Los huecos tenían casi 100 metros de largo por cuatro metros de ancho. Este nuevo testimonio de Vicente es muy importante, y a eso hay que agregar otro surgido por casualidad el día de la inspección ocular al terreno, cuando un vecino confirmó que vio restos humanos mientras hacía una perforación para tirar desechos sanitarios. Hay buena predisposición de la jueza para investigar, pero faltan algunas cosas, porque el paso del tiempo es terrible y nos está destruyendo las pruebas. Yo mismo acerqué a la justicia el caso de Mojón de Hierro, en Formosa, donde con la ayuda de un georadar se implementó la búsqueda de restos humanos enterrados, de la época de la represión ilegal. Aquí debería tomarse la misma medida. Y también se debería proteger el lugar con fuerzas federales del Estado Nacional, y no con efectivos municipales, como ocurre en estos momentos.

–¿Cómo describiría el tema, de comprobarse lo que esos testigos dicen que vieron?

–Como algo extraordinario, quizás de características inéditas en la Argentina. Me viene a la memoria lo ocurrido en las fosas de Katyn, durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron encontrados 5000 cuerpos de oficiales polacos. Estamos ante algo realmente trascendente, y por eso es necesaria la intervención urgente del Estado Nacional. Lo inmediato será tramitar pedidos de audiencia al ministro de Justicia, al titular de la Cámara Federal de San Martín, al presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. Porque, repito, el paso del tiempo es el enemigo más grande que tenemos. «

Causa Batallon 601

La causa que vincula a espías y periodistas en la venta de archivos del Batallón 601

La justicia los consultó sobre la apropiación de documentación, como el interrogatorio a Rafael Perrota, luego de la dictadura.  Una testigo dijo haber visto microfilms en la casa de Yofre.

Una trama que vincula a espías, periodistas y la apropiación de los archivos de inteligencia de la última dictadura surgió como telón de fondo del juicio oral que se sigue contra el capitán retirado Héctor Pedro Vergez por delitos de lesa humanidad y que ingresará en la etapa de alegatos. 

Allí se investigó al ex agente del Batallón 601 por secuestros y tormentos y las pruebas centrales en su contra son justamente las copia de los interrogatorios a sus víctimas, una pequeña muestra de la burocracia represiva que se volvió en contra de sus autores. Los documentos terminaron en la justicia luego de que, ya en democracia, intentaran ser vendidos a la prensa en una gestión en la que aparece involucrado el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Juan Bautista Yofre.

Se trata de un hecho ocurrido en los últimos años del gobierno de Carlos Menem, cuando el periodista Fabián Doman recibió copias del interrogatorio bajo tortura a Rafael Perrota, dueño del Cronista Comercial, y al empresario Julio Gallego Soto, ambos desaparecidos. Los archivos, que ahora integran la prueba en el juicio oral, formaban parte del Caso Redondo, nombre que Vergez le dio a la operación por la que fue secuestrado Javier Coccoz, responsable de inteligencia del ERP, y sus informantes: Perrota, Gallego Soto y Juan Carlos Casariego de Bel, quien era funcionario del Ministerio de Economía.

Al declarar como testigo ante el Tribunal Oral Federal 5, Doman recordó que una persona que nunca le dijo su nombre lo citó en un bar y le ofreció venderle documentos del Batallón 601: "Me dijo, hablando siempre en plural, que tenía en su poder archivos de la dictadura", recordó en su testimonio. Como "muestra" de ese archivo que se encontraba a la venta recibió el interrogatorio a Perrota y a Gallego Soto, pero le aclararon que había más y le mostraron un índice que inventariaba la documentación: "Me dijo que todos los microfilms eran 44 mil páginas, pero nunca me quedó claro cuán grande era el archivo porque no ofrecí plata”, relató.

Algunos meses después, en julio de 1997, en el programa Fenómeno Real conducido por Mauro Viale, Doman dio a conocer el interrogatorio al dueño del Cronista Comercial. Contó ante el tribunal que entregó los documentos a la justicia y a las familias de las víctimas y que renunció al programa luego de que se mostrara una dramatización sensacionalista del secuestro de Perrota.  

Al día siguiente, los mismo informes de inteligencia fueron publicados en el diario Clarín en una nota firmada por María Seoane en la que recordaba los 20 años del secuestro de Perrota. Doman les había acercado la información con el acuerdo de que se publicaran después de emitido el programa. 

"Más o menos en mayo o junio, Doman, a quien conocía porque había sido vocero de María Julia Alsogaray, le acerca esos papeles a Ricardo Kirschbaum, quien era mi jefe entonces. Suponían que yo podía decodificar las preguntas que le hacían a Perrota sobre el ERP porque había escrito Todo o nada, sobre Santucho", relató la periodista durante su testimonio y agregó: "Lo que se comentaba en ese momento en el diario, yo no puedo asegurarlo, es que todo el archivo de inteligencia del 601 había sido ofrecido a la venta por medio millón de dólares, que aparentemente estaba siendo rematado por alguien que lo había apropiado. Y no sabemos por qué, yo por lo menos no lo sé, en esos momentos Fabián (Doman) había trabajado o estaba muy en contacto con el 'Tata' Yofre." 

Se cree que uno de los orígenes de esta documentación podría haber sido Vergez, quien seguía vinculado de manera inorgánica con los servicios de inteligencia (ver recuadro). "Lo que se decía en ese momento es que Yofre seguía ligado a la SIDE y que Vergez seguía colaborando con ellos y que entre los dos habrían tenido a su cargo hacerse de documentos del Estado para distintos destinos", concluyó Seoane. 

Lo misma situación describió Ricardo Ragendorfer al declarar sobre una entrevista que había mantenido con Vergez en 2004. Según relató el periodista, el acusado le ofreció venderle material de inteligencia. "Después de mencionar algunas personalidades del ámbito político que habían integrado el Batallón 601, como Gerardo Martínez de la UOCRA, Vergez deslizó la posibilidad de proporcionar papeles clasificados sobre el terrorismo de Estado a cambio de dinero y a continuación hizo el gesto de frotarse las yemas de los dedos", señaló. La copia de los interrogatorios a Perrota y Gallego Soto fue presentada a la justicia por el mismo Doman, lo que abrió una parte del expediente que ahora llegó a juicio. Tiempo después, un testigo de identidad reservada declaró que esos mismos documentos se encontraban en poder de Yofre, puntualmente en la baulera de su casa, y presentó como prueba un índice que en 31 páginas resumía 19 rollos de microfilms con interrogatorios que el ex SIDE tendría en su poder. 

Aunque su domicilio fue allanado, los archivos no pudieron ser recuperados. Sin embargo, durante el juicio Doman reconoció ese índice, que pertenecía a Yofre, como uno de los documentos que vio en 1997 cuando le ofrecieron el archivo. 

A diferencia de Seoane, el testimonio del periodista no vincula a Yofre con la venta de archivos. Señaló que recurrió a él como fuente de consulta para verificar la veracidad de la documentación antes de emitir el programa, algo que el ex jefe de la SIDE negó.

"¿Con respecto a esta producción periodística, el señor Doman lo consultó o habló con usted de este tema?", preguntó la fiscal Gabriela Sosti, a lo que Yofre contestó: "No. Si hubiera conocido este documento que le dio Doman a Clarín, lo hubiera publicado." También le consultó cómo había conseguido la información para sus libros Fuimos todos y Nadie fue, ya que ambos utilizan datos que sólo son accesibles a través de los informes de inteligencia. "Caminando la calle, no hay un lugar. Cada persona que ha pasado por la administración pública en algún momento de la vida se lleva un retazo a su casa", fue la contestación, y agregó: "Sobre mí hay toda una leyenda, creen que tengo grandes archivos, poderosas influencias. Soy un laburante como cualquiera."

A pesar de lo que sostiene, por pedido del juez federal Daniel Rafecas entregó recientemente el documento del informe de inteligencia sobre la caída de la quinta La Pastoril en Moreno, donde se encontraba reunida la cúpula del ERP junto a integrantes de movimientos revolucionarios de Latinoamérica. "¿Tiene más documentación o sabe cómo conseguirla?", indagó Sosti, y Yofre, bajo juramento, respondió impreciso: "Me allanaron la casa dos veces y no me encontraron nada."

 

 

Un represor "todo servicio"

Héctor Pedro Vergez está siendo juzgado por el secuestro y torturas cometidas contra Javier Coccoz, responsable de inteligencia del ERP, quien se encuentra desaparecido. Luego de un mes de cautiverio, el dirigente guerrillero llegó a un acuerdo con Vergez para permitir salir del país a su mujer y su hijo, luego de que "se detuvieron a las personas que de alguna manera se encontraban al momento vinculadas a él, Julio Gallego Soto (el 4 de julio de 1977), Juan Carlos Casariego de Bel (15 de junio de 1977) y Rafael Perrota (cuyo caso no ingresó al juicio), quienes actualmente permanecen en calidad de detenidos desaparecidos", señala el texto de la elevación a juicio.

A fines de noviembre, Vergez será sujeto de otro juicio oral cuando comience la megacausa por delitos de lesa humanidad en La Perla, centro clandestino cordobés que él lideró. 

Sin embargo, sus andanzas en Córdoba comenzaron antes incluso del 24 de marzo de 1976. Tras el golpe policial que impulsó la destitución de Ricardo Obregón Cano, conocido como Navarrazo, Vergez era capitán en el Destacamento de Inteligencia 141 e integró el grupo parapolicial Comando Libertadores de América, que secuestró y asesinó a la familia de Mariano Pujadas, fusilado en la Masacre de Trelew, entre otros casos resonantes. 

Dirigió en esa época el penal militar Campo La Ribera, que se transformó en la base de operaciones de la Triple A cordobesa y centro clandestino de detención, y luego estuvo a cargo de La Perla. Ingresó luego al Batallón 601, donde se hacía llamar Vargas o Gastón y se especializaba en "quebrar" detenidos. Si bien se retiró en 1979, siguió vinculado de manera inorgánica con los servicios de inteligencia hasta muchos años entrada la democracia. Así lo revela su intervención en la causa AMIA en el año 1995. 

Vergez fue convocado por la SIDE para interrogar a Carlos Telleldín en la cárcel a partir de su vínculo con su padre, el comisario Pedro Telleldín, con quien integró el Comando Libertadores de América en Córdoba. "La habilidad de Vergez provenía –según él mismo lo expresó– de su intervención en organismos militares de inteligencia, por lo que estaba en condiciones de obtener información por parte de Telleldín", resumió el tribunal luego de su declaración testimonial en el juicio por el atentado a la AMIA. Allí, Vergez señaló que se vinculó a la causa a través del agente de la SIDE Daniel Romero, a quien describió como un amigo del entonces jefe del Servicio de Inteligencia, "Tata" Yofre. El lazo con Romero lo hizo otro ex jefe de La Perla, el condenado capitán Jorge Exequiel Acosta, quien también integró en Batallón 601. 

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