La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti continúe cumpliendo su condena por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

Télam - La Justicia ordenó que Patti siga preso en Ezeiza y rechazó el pedido de arresto domiciliari

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La Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti continúe cumpliendo su condena por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

PROYECTO del " BOSQUE DE LA MEMORIA" 2011

Este Proyecto esta diseñado por los Integrantes de la COMISIÓN por la MEMORIA y los DERECHOS HUMANOS, Provincia de Buenos Aires, en HOMENAJE a los DESAPARECIDOS DE ESCOBAR-

50 años de prisión para Videla y 15 para Bignone

Después de quince meses de debate el Tribunal Oral Federal 6 que integran los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Penala y Domingo Altieri condenó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por "sustracción, retención y ocultamiento" de hijas e hijos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en veinte y treinta y un casos, respectivamente, y dictó 30 y 40 años de "prisión e inhabilitación absoluta" a los genocidas Antonio Vañek y Jorge "El Tigre" Acosta. En tanto, el represor Santiago Omar Riveros fue condenado a 20 años de prisión; los apropiadores Víctor Gallo e Inés Susana Colombo a 15 y 5 años, respectivamente; Juan Antonio Azic a 14 y 10 años para el médico Jorge Luis Magnacco. Además, el TOF6 definió el robo de niños como plan sistemático, producto de una práctica organizada desde la cúpula del poder militar, y fijó para el 17 de septiembre próximo la audiencia de lectura de los fundamentos de la sentencia.

A más de tres décadas de cometidos los delitos, y al cabo de dieciséis años de la denuncia original realizada por Abuelas de Plaza de Mayo, la justicia encontró a Videla penalmente "responsable por la sustracción, retención y ocultamiento de menores y la supresión de su identidad, en 20 oportunidades", la cantidad de casos ventilados en el juicio durante los últimos 15 meses.

Durante los años que llevó la investigación judicial hasta el juicio oral, se obtuvieron muchos testimonios, pero uno de los más reveladores fue el de la nieta Victoria Montenegro, cuando denunció la complicidad del fiscal Juan Martín Romero Victorica con su apropiador, el excoronel Herman Tetzlaff y su esposa María del Carmen Duartes.

Antes de la sentencia, Montenegro, que se reencontró con su familia en 2001, aseguró que "llamar a las cosas por su nombre nos va a hacer mejor a todos", en referencia a la expectativa de que el Tribunal Oral Federal 6 defina como "plan sitemático" el robo de bebés. "Este juicio cierra muchos años de lucha sostenida por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo

Para la joven, que este año también recuperó los restos de su padre, gracias a la tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense, el significado de alcanzar justicia "sirve para reparar heridas, aunque sabemos que falta mucho más, sabemos que forma parte de la batalla cultural que estamos dando".

Entre las 35 apropiaciones hay nombres de quienes nacieron en cautiverio y una pequeña proporción de apropiados o dados en adopción luego de ser secuestrados con sus padres. De los 35 niños, 26 recuperaron la identidad. De ellos, 20 declararon durante el juicio.

Las abuelas y familias siguen buscando a los que faltan; sus nombres ayer quedaron escritos a modo de marca en una gacetilla que distribuyó Abuelas de Plaza de Mayo por la sentencia: son Guido Carlotto, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, Clara Anahí Mariani Teruggi; el/la hijo/a de Gabriela Carriquiriborde y Jorge Repetur; Martín Ogando Montesano; Victoria Petrakos Castellini; la hija de María Moyano y Carlos Poblete y la hija de Ana Rubén y Hugo Castro que “continúan viviendo con una identidad falsa”.

Videla y Bignone, condenados a 50 y 15 años de cárcel por el robo de bebés en la dictadura

1. La justicia argentina reconoció este jueves formalmente la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebes a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros ex represores.   El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) de esta Capital condenó además en la misma causa a 30 años de prisión al ex marino Jorge "Tigre" Acosta, responsable operativo del centro clandestino de detenciones que funcionó en la ESMA durante la dictadura, y a 15 años al ex dictador Reynaldo Bignone, último presidente de facto.   Al dictar condena en esta causa iniciada hace dieciseis años por las Abuelas de Plaza de Mayo -por crímenes cometidos hace más de tres décadas-, el TOF 6 resolvió unificar en esa única pena la actual y las dos anteriores condenas a perpetuidad que ya tenía Videla.   En el mismo fallo, el tribunal condenó al almirante Antonio Vañek, que comandó la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) a 40 años de prisión; y al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero a 20 años de prisión.    En ambos sitios bajo jurisdicción de la armada y del Ejército se cometieron la enorme mayoría de los 35 delitos puntualmente ventilados durante los últimos quince meses en este juicio.    Al leer el fallo, la jueza María del Carmen Roqueta dejó expresamente sentado que para el tribunal cada uno de los casos constituyen “parte integrante de un Plan Sistemático de Robo de Bebés” desarrollado durante el período del terrorismo de Estado.    “Sentimos que se va recuperando la justicia, pese a que las penas fueron un poco livianas”, dijo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, quien sin embargo rescató que el fallo haya reconocido la existencia de un plan sistemático.   “Es un momento de alegría y de hermandad entre nosotros. Agradecemos a nuestros papás por habernos dados la vida y a las Abuelas por recuperar nuestra identidad,”, dijo conmovida la nieta recuperada Victoria Montenegro, en medio de un público, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y jóvenes de la agrupación HIJOS, muchos de ellos nacidos en cautiverio.   También pudo verse a militantes políticos como el legislador porteño Juan Cabandie -nieto recuperado- y el diputado nacional Martín Sabatella (Nuevo Encuentro), entre otros.   De los once acusados, nueve fueron encontrados penalmente responsables de “sustracción, retención y ocultamiento de menores”, con el agravante de tener menos de diez años, y la posterior supresión de su identidad, en diferente cantidad de casos y circunstancias.   El último dictador del "Proceso", Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años de prisión, igual pena que al médico militar Jorge Luis Magnaco, quien asistía a las parturientas en la ESMA, mientras que al prefecto Jorge Azic le dieron 14 años.   El ex oficial del Ejército Victor Gallo, que junto a su ex mujer Susana Colombo se apropiaron del nieto restituido Francisco Madariaga Quintela, fueron condenados a 15 y 5 años de prisión, respectivamente.  El ex agente de Inteligencia Eduardo Ruffo y el ex almirante Rubén Franco, que integró la última junta militar fueron absueltos, pero el primero quedó detenido por otras causas pendientes de juicios.  La causa conocida como Plan Sistemático arrancó el 30 de diciembre de 1996 con una presentación de Estela de Carlotto y María Isabel “Chicha” Mariani, que aprovecharon el vacío jurídico que dejaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para denunciar la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas.  Tras conocerse las condenas a los represores, integrantes de distintos organismos de derechos humanos celebraron en un escenario montado frente a los tribunales de Comodoro Py, desde donde presenciaron la lectura del fallo en una pantalla gigante, para luego cerrar con un recital del grupo la Versuit Bergarabat.

El ex dictador Jorge Videla y otros once ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad fueron trasladados desde Campo de Mayo hasta el penal de Marcos Paz por disposición del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel

Todos en Paz

El parque, el living, el comedor y un dormitorio de Campo de Mayo: del club de campo a la cárcel.

El ex dictador Jorge Videla y otros once ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad fueron trasladados desde Campo de Mayo hasta el penal de Marcos Paz por disposición del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Todos fueron conducidos el jueves por la tarde en un ómnibus del Servicio, salvo Videla. El ex jefe del Ejército hizo el trayecto en ambulancia, no por cuestiones de salud, sino para preservarlo de agresiones de sus subordinados de entonces, quienes le reprochan haber confesado que los detenidos desaparecidos fueron asesinados en forma clandestina. Los otros once fueron Juan Carlos De Marchi, Ernesto Guillermo Barreiro, Roberto Balmaceda, Carlos Esteban Pla, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Cabanillas, Héctor Pedro Vergez, Jorge Alberto Fariña, Gustavo Adolfo Alsina, Guillermo González Chipont y Carlos Alberto Arias. Cabanillas alcanzó el mayor rango después de Videla: general de división. Llegó a integrar la cúpula del Ejército en la década de 1990 hasta que Juan Gelman denunció su participación en el asesinato de su hijo y la desaparición de su nuera y de su nieta. Sólo De Marchi y Barreiro hicieron un fugaz amague de resistir el reasentamiento, del que pronto desistieron. De Marchi fue presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y Barreiro huyó a Estados Unidos, desde donde fue expulsado por falsear su declaración jurada de ingreso. En 2007 la ex ministra de Defensa Nilda Garré se opuso a que militares procesados o condenados por su participación en graves delitos estuvieran en contacto con oficiales jóvenes en actividad, en la prisión militar que antes funcionaba en Campo de Mayo. La U34, creada entonces, forma parte del Servicio Penitenciario y está a cargo de su personal. Pero enclavada en la mayor guarnición militar del país, no se asemeja a las demás unidades. Los ex militares disponen de condiciones de alojamiento más propias de un club de campo que de una cárcel, reciben visitas en sus habitaciones e interactúan sin restricciones de horario ni de espacio. De ahora en adelante sólo se utilizará para la recepción inicial de quienes sean detenidos, quienes luego de un breve lapso serán derivados a la unidad penitenciaria donde haya cupos disponibles. Hortel dirigió en persona el operativo. El micro fue custodiado por dos camionetas del grupo especial del SPF y al llegar a Marcos Paz médicos clínicos, cardiólogos, psicólogos y psiquiatras constataron su estado de salud, y luego fueron derivados a los pabellones del Módulo 4, donde están sus semejantes. Hortel recorrió esos pabellones e ingresó en algunas celdas, acompañado por personal penitenciario. El ex comisario Miguel Etchecolatz, inquirió molesto quién era el intruso. Otro detenido le respondió: “Satanás”. (Hortel prohibió dar misa en la cárcel al condenado capellán policial Christian von Wernich). El director del SPF también dispuso remitir al Archivo Nacional por la Memoria la placa en homenaje del ex juez Jorge Vicente Quiroga, integrante del Camarón antisubversivo creado por la penúltima dictadura, quien en agosto de 1972 instruyó el sumario contra los 19 prisioneros fugados de la cárcel de Rawson y conducidos a la base aeronaval de Trelew, donde fueron asesinados. La resolución de Hortel recuerda que Quiroga no accedió a recibir los habeas corpus presentados por los abogados defensores de los detenidos políticos, ni garantizó su seguridad e integridad física. La placa fue colocada en 1979 en un centro de detención preventivo del SPF, que funcionó en el mismo edificio de la calle Viamonte donde tuvo su sede el Camarón. Esas instalaciones pasaron luego a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su actual presidente, Gustavo A. Bruzzone, remitió la placa al SPF. Quiroga fue asesinado en 1974 por dos integrantes del ERP 22 de Agosto. Según la resolución firmada ahora por Hortel, homenajear a un “cómplice de la impunidad y los fusilamientos en Trelew” contradice el compromiso actual del Servicio “con la existencia de un Estado democrático garante de los derechos humanos”. Su remisión al Archivo Nacional de la Memoria “se inscribe entre los deberes de esta institución democrática, promoviendo el recuerdo constante de aquellas brutales etapas como parte del ejercicio colectivo de la memoria, con el fin de educar a las presentes y futuras generaciones”. Estas decisiones contrastan con la laxitud de los servicios penitenciarios de las provincias de Neuquén y Buenos Aires, que permitieron salidas fuera de la cárcel a los asesinos del maestro Carlos Fuentealba (cabo Darío Poblete) y de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (comisario Alfredo Fanchiotti). En Campo de Mayo permanece aún otra docena de represores: entre ellos Jorge Olivera, responsable de la violación y asesinato de Marie Anne Erize y los condenados por la masacre de Margarita Belén, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Jorge Carnero Sabol, Ricardo Reyes y Horacio Losito.

Provincia y Nación avanzan en la concreción del XVI° Plenario del Consejo Federal de DD.HH.

El secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto junto con el subsecretario Nicolás Carvalho, mantuvieron una reunión con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con motivo de afianzar y coordinar acciones de promoción y protección de derechos humanos.

EL NIETO RECUPERADO MANUEL GONÇALVES FUE DESIGNADO EN LA COMISIÓN DIRECTIVA DE ABUELAS

|  EL PAIS ›  En busca del traspaso generacional Por Ailín Bullentini Por primera vez, las Abuelas de Plaza de Mayo designaron a un nieto recuperado en su conducción. Gonçalves ocupará el puesto de revisor de cuentas, vacante desde el fallecimiento de Nélida Gómez de Navajas.